Detrás de la crisis de los opioides: Los Republicanos y Obama facilitaron el asesinato empresarial

por Patrick Martin
21 octubre 2017

Importantes congresistas Republicanos y Demócratas y altos funcionarios del gobierno de Obama colaboraron para suprimir los esfuerzos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por detener el flujo de opioides de venta con receta médica que han matado unos 200.000 estadounidenses durante las últimas dos décadas, según una devastadora denuncia publicada el domingo por el Washington Post y emitida la noche del domingo en “60 Minutes”, la revista noticiera del canal CBS.

La investigación conjunta del Post y “60 Minutes” hizo uso de extensas revelaciones de ex funcionarios de la DEA, entidad responsable de impedir el flujo de narcóticos ilegales y evitar que drogas legales como la oxicodona y la hidrocodona lleguen al mercado negro.

Tres grandes empresas, todas en el top 20 de la lista Fortune 500 y altamente rentables, dominan la distribución de estos opioides: McKesson, Cardinal Health, y AmerisourceBergen, cuyos ingresos combinados superan los $450 mil millones de dólares. El presidente y director general de McKesson, John Hammergren, tiene el mayor fondo de pensión de cualquier jefe empresarial, un nido financiero personal de $160 millones.

Estas inmensas ganancias y fortunas personales se acumularon por medio de algo que sólo puede describirse como un enorme crimen social: los barrios de clase obrera más empobrecidos se llenaron de grandes volúmenes de opioides, narcóticos prescritos en altas cantidades por doctores y farmacéuticos, además de los omnipresentes “centros del dolor” y distribuidoras ilegales.

Este proceso ha contribuido al retroceso histórico de la expectativa de vida a largo plazo en los Estados Unidos. En el caso de los blancos de mediana edad, particularmente los que viven en zonas rurales, la expectativa de vida está disminuyendo y la tasa de mortalidad se ha disparado, en buena parte debido al impacto del abuso y adicción de opioides.

Appalachia es el epicentro de la crisis de los opioides. Las cifras presentadas en el informe del Post /”60 Minutes” son impactantes—y condenatorias. En el condado de Mingo, Virginia Occidental, una empobrecida y antigua área minera en la frontera estatal con Kentucky, con una población de 25.000, el distribuidor mediano de Ohio, Miami-Luken, envió 11 millones de dosis de oxicodona e hidrocodona en un período de 5 años: suficiente para dar dos pastillas a la semana a cada hombre, mujer y niño en el condado.

En la cabeza del condado en Williamson, con una población de 2938, Miami-Luken envió 258.000 pastillas de hidrocodona en un mes a una sola farmacia. La ciudad de Williamson ha demandado a la compañía y a otros distribuidores de medicamentos, imputándolos de haber inundado la ciudad con analgésicos para suministrar al mercado negro. En un documento presentado en la demanda, se acusa que “Como tiburones rodeando a su presa, las compañías multimillonarias cayeron sobre Appalachia con el único fin de lucrar del frenesí provocado por las drogas”.

Los periodistas del Post, Scott Higham y Lenny Bernstein, y el reportero de “60 Minutos” Bill Whitaker realizaron docenas de entrevistas para su denuncia, pero el principal informante es Joseph T. Rannazzisi, que dirigió la Oficina de Control de Desviación de la DEA por una década hasta su expulsión el 2015.

La Oficina de Control de Desviación fiscaliza el flujo de medicamentos de prescripción producidos por las principales farmacéuticas estadounidenses y después enviados a hospitales, farmacias y otros recetadores por distribuidores, incluyendo a los principales tres. Al investigar ventas excepcionalmente grandes e inexplicables—por ejemplo, varias farmacias Walgreen’s de Florida vendieron más de un millón de pastillas de opioides en un año, comparado con el promedio nacional de 74.000—esta unidad de la DEA puede obligar a las empresas a pagar multas sustanciales.

Estos tres distribuidores principales, y otros menores, pagaron más de $400 millones en multas durante la última década como resultado del DEA, pero esto es una miseria en comparación a sus ingresos brutos en este período, más de $5 mil millones. Un ex funcionario de la DEA comentó al Post que esta suma era meramente “un costo de hacer negocios”.

Las órdenes de “congelamiento”, en que la DEA podía usar su autoridad para detener un envío si existiese un “peligro inminente” a la comunidad, representaban un problema más serio para la industria. Según Rannazzisi, desde el 2011 en adelante los altos funcionarios de la DEA se volvieron reticentes a aprobar estas órdenes de “congelamiento” contra los distribuidores de opioides. En este período, los distribuidores contrataron a 46 funcionarios de la DEA, ya sea directamente o a través de bufetes y grupos de presión que los representaban.

En 2014, los lobbistas de la industria prepararon una ley, redactada por un ex abogado de la DEA, y presentada por el representante republicano Tom Marino, que aumentaba considerablemente el umbral de pruebas para que la DEA pudiese detener un cargamento. En lugar de “peligro inminente,” la orden requeriría pruebas de “una probabilidad sustancial de amenaza inmediata,” una exigencia tan estricta que, una vez adoptada, la DEA no emitió más órdenes de detener una distribución de medicamentos.

Originalmente, la ley de Marino fue bloqueada debido a la oposición de la DEA, pero la volvieron a presentarla con coauspiciadores del partido Demócrata y se aprobó en la Cámara de Representantes en una votación a viva voz, sin oposición, en abril del 2015. En octubre del 2015, Rannazzisi fue forzado a retirarse de la DEA, después de ser removido de la jefatura de la Oficina de Control de Desviación por la presión de congresistas Republicanos sobre el Departamento de Justicia de Obama. En marzo del 2016, el senado aprobó una versión modificada de la ley de Marino, y la cámara baja aprobó los cambios al mes siguiente. Ahora la DEA estaba maniatada, y los distribuidores de medicamentos podían proceder sin preocuparse de la supervisión federal.

Como Rannazzisi dijo a “60 Minutes”: “La industria farmacéutica—los fabricantes, mayoristas y cadenas de farmacias—tienen una influencia nunca antes vista sobre el Congreso. Y esta gente vino con su influencia y su dinero y cambió toda una ley porque no les gustaba”.

La protección de las gigantes distribuidoras de medicamentos—en medio de una epidemia de muertes por sobredosis provocada por los productos que distribuían—fue una operación bipartidista. Los demócratas en el Congreso coauspiciaron la ley, y un alto ex funcionario del gobierno de Clinton, Jamie Gorelick, fue el abogado principal y lobista de los distribuidores. La fiscal general Loretta Lynch aprobó la ley, y el presidente Obama la promulgó, con la Casa Blanca emitiendo un comunicado de prensa de una página para conmemorar la ocasión.

Ninguno de los involucrados, incluyendo a Lynch y Obama, hablaron con el Post o “60 Minutos.” Según el Post, “La DEA y el Departamento de Justicia han denegado o aplazado más de una docena de peticiones presentadas por el Post y ’60 Minutos’ bajo la Ley Libertad de Información que solicitaban registros públicos que pudiesen arrojar luz sobre el asunto”, indicando que el gobierno de Trump continúa las tácticas obstruccionistas que comenzaron con Obama.

Cuando un equipo de camarógrafos de “60 Minutes” acudió a la oficina de Marino, sus asistentes llamaron a la policía de Capitol Hill para que se los llevaran.

El mes pasado Trump premió al favorito de los distribuidores de medicamentos, el representante Marino, nominándolo para ser el próximo “zar de las drogas” de la Casa Blanca, encargado de coordinar las medidas federales contra la crisis de los opioides. La representante Marsha Blackburn de Tennessee, la principal coauspiciadora de la ley, es la preferida de los Republicanos para ser la nominada para el Senado de Estados Unidos el 2018. Ambos representantes provienen de distritos asediados por la crisis de los opioides. Según el informe del Post, 106 personas han muerto en el condado de Lycoming, Pennsylvania, el más grande del distrito de Marino, desde que introdujo su ley anti control.

El siguiente diálogo del programa “60 Minutes” resume la realidad del dominio empresarial sobre la vida estadounidense, y su desastroso impacto sobre la gente trabajadora:

BILL WHITAKER: Entiendes la insinuación de lo que dices, que estas grandes empresas estaban introduciendo drogas que estaban matando gente en comunidades estadounidenses.

JOE RANNAZZISI: Eso no es una insinuación, es un hecho. Eso es exactamente lo que hicieron.

… Estos no eran jóvenes vendiendo cocaína crack en la esquina. Esto lo hicieron profesionales. No eran más que traficantes en batas de laboratorio.